1. Antecedentes:

El Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe (“Acuerdo de Escazú”) es el primer tratado regional ambiental de América Latina y el Caribe y el primero en el mundo en contener disposiciones específicas para la protección de personas defensoras de derechos humanos en asuntos ambientales.

El artículo 9 del Acuerdo de Escazú establece que cada Parte garantizará un entorno seguro y propicio en el que las personas, grupos y organizaciones que promueven y defienden los derechos humanos en asuntos ambientales puedan actuar sin amenazas, restricciones e inseguridad. Además, cada Parte deberá tomar las medidas adecuadas y efectivas para reconocer, proteger y promover sus derechos, así como medidas apropiadas, efectivas y oportunas para prevenir, investigar y sancionar ataques, amenazas o intimidaciones que estos puedan sufrir en el ejercicio de los derechos del Acuerdo.

Para apoyar la implementación del artículo 9 del Acuerdo, la Primera Reunión de la Conferencia de las Partes del Acuerdo de Escazú (COP1) que se celebró en Santiago del 20 al 22 de abril de 2022, en su Decisión I/6 acordó establecer un grupo de trabajo ad hoc “de composición abierta sobre defensoras y defensores de los derechos humanos en asuntos ambientales” (o Grupo de Trabajo) al que se le encomendó la elaboración de “un plan de acción en la materia, para ser presentado en la segunda reunión ordinaria de la Conferencia de la Partes para su consideración y aprobación”. De este modo, el plan de acción fue aprobado por la decisión III/2 de la Tercera Reunión de la Conferencia de las Partes, celebrada en la sede de la CEPAL en Santiago, del 22 al 24 de abril de 2024.

El Plan de acción aprobado tiene por objetivo poner en marcha un conjunto de ejes prioritarios y acciones estratégicas para avanzar hacia la implementación plena y efectiva del artículo 9 del Acuerdo de Escazú y tiene como plazo de ejecución hasta abril de 2030. Además, para facilitar su implementación se decidió mantener el Grupo de Trabajo ad hoc de composición abierta (o Grupo de Trabajo), cuyos coordinadores son actualmente Chile, Ecuador y Saint Kitts y Nevis, hasta la clausura de la reunión ordinaria de la COP de 2030. El nuevo mandato del Grupo es dar seguimiento y evaluar la efectividad de las acciones incluidas en el Plan de Acción e informar a la Conferencia de las Partes.

El Plan de Acción contiene 4 áreas prioritarias (generación de conocimiento, reconocimiento, fortalecimiento de capacidades y cooperación, y evaluación, seguimiento y revisión del plan) y 20 acciones estratégicas. Dentro de su eje A, sobre generación de conocimiento, el plan dispone que se desarrollará un diagnóstico “sobre la situación de las personas, grupos y organizaciones que promueven y defienden los derechos humanos en asuntos ambientales en los Estados Parte (…)”. Así, este diagnóstico será elaborado entre 2026 y 2027, e incluirá un diseño metodológico y un mecanismo participativo de recolección de datos, así como un informe de síntesis y conclusiones, y deberá ser publicado en el Observatorio del P10.

La sesión abordará los avances y los temas pendientes en la implementación del Plan de acción e informará sobre los siguientes pasos en la elaboración del diagnóstico de cara al próximo Foro regional de 2027, invitando a diversos actores vinculados a esta temática a contribuir a su efectiva implementación.

2. Objetivo:

Informar y discutir los avances y próximos pasos del plan de acción sobre defensoras y defensores de los derechos humanos en asuntos ambientales en América Latina y el Caribe y en particular, la elaboración del diagnóstico regional.

3. Agenda:

• Modera: Presidencia
• Informe de la Coordinación del Grupo de Trabajo Ad Hoc
• Carole Excel, Vicepresidenta del Comité de Apoyo a la Aplicación y el Cumplimiento
• Joara Marchezini, representante electa del público.